Regional. – El Gobierno Regional de Moquegua informó que las acciones de defensa del territorio regional comenzaron desde que la propuesta legislativa cuestionada ingresó al Congreso de la República, etapa en la que presentó una oposición formal ante el Parlamento al advertir una posible afectación a los límites territoriales de Moquegua. Como parte de estas acciones, la entidad regional señala que solicitó que la iniciativa sea retirada mientras se resolvía la controversia territorial existente, argumentando que su aprobación podría generar implicancias sobre el territorio moqueguano.
De manera paralela, el Gobierno Regional, a través de la Procuraduría Pública Regional, inició acciones legales mediante la presentación de una demanda de amparo y una medida cautelar, con el objetivo de evitar que el proyecto continuara su trámite legislativo mientras permanecía pendiente un proceso constitucional relacionado con la controversia.
Asimismo, la gestión regional asegura que remitió diversos oficios al Congreso de la República y a la Presidencia del Consejo de ministros solicitando que la propuesta no fuera aprobada. En dichos documentos, sostuvo que la iniciativa no contaba con las condiciones técnicas y legales necesarias y que no se habría cumplido con el procedimiento establecido para una delimitación territorial entre regiones.
Durante el 2026, cuando el proyecto volvió a ser debatido en el Parlamento, la autoridad regional reiteró su pedido para que sea retirado de la agenda del Pleno y planteó una reevaluación integral de la propuesta, señalando que persistía una controversia judicial y territorial que impedía continuar con su aprobación. El GORE señaló que estas actuaciones evidencian que la defensa del territorio de Moquegua se desarrolló previamente a la aprobación del proyecto de ley, mediante acciones sostenidas en los ámbitos técnico, administrativo y judicial.
Finalmente, la entidad regional reafirmó que continuará recurriendo a las vías legales e institucionales correspondientes para solicitar que la norma sea observada y evitar cualquier afectación a los límites de la región. Asimismo, indicó que la defensa territorial representa un objetivo común para la población moqueguana, más allá de diferencias políticas.
HECHOS CRONOLÓGICOS SOBRE RECHAZO A LA LEY
Las gestiones comenzaron el 17 de octubre de 2025 con la emisión del Oficio N.° 634-2025-GR/GRM, mediante el cual se expresó ante el Congreso de la República la oposición técnica y legal al Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE.
Posteriormente, el 20 de octubre de 2025, el Informe N.° 962-2025-GRM/GGR-ORAJ concluyó que la iniciativa afectaba la integridad territorial de Moquegua al no haberse desarrollado previamente los procedimientos de delimitación interdepartamental establecidos por ley.
El 5 de noviembre de 2025 la Procuraduría Pública Regional interpuso una demanda de amparo, dando inicio al Expediente Judicial N.° 00685-2025-0-2801-JR-CI-01.
Asimismo, el 24 de noviembre de 2025 se remitió el Oficio N.° 738-2025-GR/GRM a la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, solicitando el retiro de la propuesta legislativa por comprometer territorio moqueguano.
El 2 de diciembre de 2025, a través del Oficio N.° 755-2025-GR/GRM, se informó a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la admisión del proceso judicial y se solicitó la paralización del trámite correspondiente mientras se resolvía la controversia.
El 2 de junio se remitieron los Oficios N.os 225-2026-GR/GRM, 226-2026-GR/GRM y 227-2026-GR/GRM a congresistas y a la Presidencia del Congreso, solicitando el retiro del proyecto de la agenda del Pleno hasta la culminación de las acciones técnicas y judiciales en curso.
El 10 de junio de 2026, mediante los Oficios N° 245-2026-GR/GRM y 246-2026-GR/GRM, se dirigió a la Presidencia y a la Tercera Vicepresidencia del Congreso de la República, donde se reiteró la existencia de una controversia territorial vigente que impedía la aplicación del marco excepcional previsto en la Ley N.° 31463.
Finalmente, el 23 de junio de 2026, mediante el Oficio N.° 260-2026-GR/GRM, el Gobierno Regional solicitó una reevaluación integral de la propuesta por parte de la Comisión de Descentralización, advirtiendo sobre las implicancias de aprobar una norma mientras subsiste un proceso constitucional pendiente de pronunciamiento definitivo.
