Redacción. – En medio del rechazo al nuevo Mercado Mayorista y Minorista San Pedro en el Fundo Chololo, dirigentes y representantes legales del Mercado Grau rechazaron la firma del proyecto que beneficiaría solo a una asociación de comerciantes de 13 personas agrupadas en el Consorcio San Pedro. Los comerciantes cuestionan las decisiones adoptadas en torno al proyecto y buscan evitar que se concrete la firma del convenio entre la Municipalidad Provincial de Tacna y el Gobierno Regional sin que previamente se esclarezcan las observaciones legales y los reclamos.
Durante la conferencia de prensa, los abogados Marcela Urteaga, Néstor Pari y Hugo Huariza, integrantes de la defensa jurídica de los comerciantes, expusieron una serie de cuestionamientos sobre el procedimiento seguido para impulsar el proyecto. A la par, aclararon que los comerciantes no se oponen a la construcción de un mercado mayorista para Tacna, sino que exigen transparencia, participación e igualdad de condiciones para todos los sectores involucrados.
Señalaron como irregularidades el cambio de la modalidad de ejecución, inicialmente planteada bajo el mecanismo de obras por impuestos, para pasar a la modalidad de proyectos en activos, sin cumplir con los procedimientos normativos correspondientes. A la vez, la Municipalidad Provincial de Tacna no remitió el expediente técnico al Gobierno Regional de Tacna dentro del plazo de dos años, por lo que cuestionaron que se pretenda validar la modificación sin contar con la tramitación técnica y legal que, según su posición, corresponde.
Además, de acuerdo con la defensa legal, inicialmente se habría ofrecido incorporar a los mayoristas y minoristas del Mercado Grau en la sociedad encargada del proyecto; sin embargo, finalmente solo se habría considerado de manera individual a 13 personas como Consorcio San Pedro. Asimismo, denunciaron que algunos comerciantes estarían recibiendo solicitudes de aportes económicos que oscilan entre 2 mil y 10 mil soles, supuestamente destinados a reunir fondos para concretar la firma del acuerdo.
Por su parte, el dirigente del Mercado Grau, Alex Quinto, cuestionó la actuación del alcalde provincial Pascual Güisa y explicó que la protesta se dirigirá hacia el lugar donde se desarrolle la ceremonia oficial,
El abogado Néstor Pari advirtió sobre las posibles responsabilidades penales que podrían afrontar autoridades regionales y municipales si se concreta la firma del convenio relacionado con el terreno del Fondo Chololo, destinado al desarrollo de un mercado mayorista. Sus declaraciones se producen en medio del rechazo de comerciantes mayoristas y minoristas del Mercado Grau, quienes anunciaron una movilización para expresar su oposición al procedimiento.
Señaló que existen investigaciones fiscales por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible contra el gobernador regional Luis Torres, el alcalde provincial Pascual Güisa, funcionarios municipales y otras personas involucradas en el procedimiento. Sostuvo que la firma del convenio podría agravar el escenario legal, debido a los cuestionamientos existentes sobre la legalidad de las resoluciones y decisiones administrativas adoptadas.
El abogado también indicó que la Procuraduría Anticorrupción presentó una denuncia y que el Ministerio Público viene realizando diligencias para recabar información. Asimismo, informó que interpuso una demanda contencioso-administrativa ante el juzgado civil, a cargo de la jueza Nalvarte, con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución N.° 514, al considerar que presenta vicios legales. Según explicó, el consorcio involucrado también fue incorporado al proceso judicial.
Respecto a los presuntos delitos, Pari sostuvo que existirían indicios de concertación entre funcionarios y representantes del consorcio, así como decisiones que habrían favorecido intereses particulares en perjuicio del Estado. En cuanto a la negociación incompatible, señaló que las autoridades habrían utilizado sus cargos para impulsar decisiones que, según su interpretación, serían contrarias al ordenamiento jurídico. Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos formulados por el abogado y deberán ser esclarecidas por las instancias competentes.
Asimismo, cuestionó que las autoridades municipales hayan continuado con el procedimiento pese a los antecedentes administrativos que, según explicó, advertían sobre la necesidad de paralizarlo. Añadió que la Resolución Ejecutiva Regional N.° 453, emitida el 2 de octubre, declaró la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N.° 115, situación que, a su juicio, habría sido ignorada antes de que posteriormente se emitiera la Resolución N.° 514.
Pari advirtió que, de concretarse la firma, el terreno podría quedar involucrado en nuevos procesos judiciales, lo que terminaría retrasando su utilización para el proyecto comercial. También consideró que la Fiscalía cuenta con facultades para adoptar las medidas que correspondan frente a los hechos investigados, aunque precisó que las decisiones deberán ser tomadas por las autoridades judiciales y fiscales.
Finalmente, reiteró su respaldo a la posición de los comerciantes que rechazan el procedimiento y cuestionó la actuación de los procuradores por considerar que no estarían defendiendo suficientemente los intereses del Estado. Mientras tanto, los comerciantes mayoristas y minoristas anunciaron que se movilizarán para expresar su oposición a la entrega del terreno a un tercero y exigir que el proyecto del mercado mayorista responda al interés del conjunto de comerciantes.
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