NacionalRegionalLA CONTRALORÍA BUSCA SANCIONAR INCUMPLIMIENTO FUNCIONAL EN EMERGENCIA

Juan Carlos Sarmiento3 horas hace15 min
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Nacional.- La Contraloría General de la República presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que busca actualizar las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional que puedan darse durante la actual emergencia sanitaria y que configurarían sanciones para casos de corrupción.

Una de ellas está referida al incumplimiento funcional en situaciones de emergencia declaradas conforme a Ley, que de lugar a la falta de prestación de algún servicio o a la entrega de un bien, subsidio monetario o prestación económica, por parte del Estado, o que, la prestación o entrega no sea oportuna, cuando estas formen parte de las medidas establecidas para afrontar la emergencia, considerándola como muy grave.

El proyecto recoge las nuevas disposiciones legales atribuidas a la Contraloría General de la República, relacionadas con la Declaración Jurada de intereses, y en uno de los puntos de la propuesta se incluye como conducta infractora la omisión de información o que la información consignada en la declaración jurada de intereses, sea falsa o inexacta, considerándola como muy grave.

En 2019, La Contraloría presentó el Proyecto de Ley N° 4267/2018-CG por la misma materia, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, incorporándose a la citada norma el artículo 46-A y modificando su artículo 47.  Este proyecto contaba con dictamen favorable de la Comisión de Fiscalización y Contraloría y de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

La citada propuesta tomó en cuenta las exigencias establecidas por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 00020-2015-AI, incorporando, de forma clara y precisa, mediante una norma con rango de Ley, las conductas que constituyen faltas administrativas funcionales pasibles de sanción, así como disposiciones requeridas para asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, afianzando la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional.

Cabe precisar que conforme a lo establecido en el artículo 45° de la Ley N° 27785, esta Entidad Fiscalizadora Superior ejerce la potestad para sancionar por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos del Sistema, competencia cuya constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional. El año pasado, alrededor de 15,000 funcionarios y servidores públicos sobre quienes se determinó presunta responsabilidad administrativa, se libraron de ser sancionados por la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

 

 

 

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