Regional. Redacción.- La tardía justicia que impuso el poder judicial al ex gobernador regional Juan Tonconi por haber cobrado doble sueldo en dos instituciones públicas, revelan el burocrático proceso de sanción contra quienes se aprovecharon de los fondos del estado, se podría justificar esta sentencia como una medida demasiada venial por la gravedad del caso que no fue tocado durante la gestión del cuestionado gobernador, si la sentencia se habría impuesto durante el ejercicio de su gestión este habría sido suspendido de sus funciones.
El poder judicial una vez más demuestra conductas extrañas sobre la celeridad de los procesos a proceder cuando se trata de personas de poder la sentencia de 8 años de prisión suspendida por peculado doloso agravado deja en libertad a una autoridad que dejo en orfandad al pueblo de Tacna en momentos difícil tras el golpe del covid, la trama de sustentación del proceso indica que el ex gobernador cumplió doble labor publica cuando laboraba como funcionario en el municipio de Gregorio Albarracín y docente a tiempo completo en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNBJG).
10 años duro una acusación que estuvo dormida en los fueros judiciales
Pese a la gravedad de la acusación, la magistratura señaló que la condena no sería efectiva (ubicación inmediata y captura de los sentenciados) debido a que han mantenido buen comportamiento procesal y no habría peligro de fuga. La efectividad de la pena se determinará una vez se agoten todas las instancias; abogados defensores se abstuvieron de presentar apelación pues esperan les remitan la documentación necesaria.
Fue el magistrado Pepe Alvarado quien leyó la sentencia y quien señaló que versión de ex alcalde. Además, como reparación civil se les impuso a Juan Tonconi el monto de S/. 119 000 como reparación civil y a Luis Enrique Jiménez Quiroz la deuda por reparación civil de S/. 70 000. Por su parte, Ruth Aydé Quispe de Rodríguez tendrá que pagar S/. 20 000 como reparación civil siendo absuelta junto a Mercedes Zenobia Pérez Limache que tenía la función del control de asistencia del personal del 2015 al 2017.
El caso que se origina de labores realizadas en la MDGAL y UNJBG por Tonconi (cuando no era gobernador) entre enero de 2015 y marzo de 2017 pasó a investigación preparatoria y en etapa intermedia se realizó audiencia de control de acusación y el juez declaró la existencia de relación jurídica procesal válida y ha emitido el auto de enjuiciamiento en la cual se encuentran pruebas admitidas tanto de Fiscalía como procuraduría anticorrupción también de las defensas y en base a esas pruebas tendrá que actuarse. fuente Radio uno.
