Reporte.- En medio del temor y el miedo de funcionarios, alcaldes y dirigentes que se forraron de plata durante la entrega de terrenos con constancias de posesión irregulares en terrenos no saneados mediante los programas erróneos que se aprobaron y luego corregidos tras la consulta a las instituciones tutelares. hoy un proyecto de formalidad de terrenos pretende borrar de un plumazo el vil aprovechamiento del festival de millones que se festinaron por gente involucrada en estos descarados negociados sin justicia o sanción hasta hoy.
El poder judicial de Tacna hasta hoy no emite sentencias por la invasión de terrenos, a pesar que hay denuncias de años y años.
En este panorama y en pleno año pre electoral las autoridades locales acordaron presentar un proyecto de formalización de los terrenos en investigación o judicializados hasta diciembre del 2020, incluso proponen utilizar fondos del canon para el proceso de formalización, las autoridades justifican esta propuesta en una mesa de trabajo para fortalecer el Proyecto de Ley 7406 sobre saneamiento de terrenos en la región de Tacna y a nivel nacional.
La reunión fue impulsada por el congresista de la república, Nivardo Edgar Tello Montes. “Vamos a destrabar un montón de problemas, con esto vamos a poder capitalizar a la gente más pobre yo prefiero que la gente tenga su título antes de hacer un edificio, es capital directo al bolsillo de las personas”, mencionó. El parlamentario explicó que el pasado 02 de abril se presentó ante el Congreso de la República, la propuesta legislativa que tiene como título “Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 803, Ley de promoción del acceso a la propiedad formal, y la Ley N° 31056, Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización”.
Dicho documento es fruto de la Mesa Técnica de Saneamiento, que se realizó el pasado 15 de febrero, a iniciativa de la autoridad regional, junto a representantes de Cofopri y autoridades de Tacna. Anotó que la propuesta ha sido expuesta hace diez días en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, y beneficiaría a miles de familias a nivel nacional que se encuentran en posesión y que tienen más de 10 a 15 años sin título de propiedad de sus predios urbanos.
La iniciativa propone modificar el artículo 13 del D.L. N° 803, donde “COFOPRI asume la titularidad de los terrenos estatales, fiscales y municipales ocupados por pobladores de cualquiera de las modalidades de posesión, ocupación o titularidad”. Asimismo, se precisa que se “suspenden todas las acciones que promuevan los procesos judiciales destinados a obtener la desocupación de terrenos, cuya titularidad sea asumida por COFOPRI”.
Asimismo, la propuesta incluye la modificación del artículo 7 de la Ley N° 31056, que plantea la exoneración de “tasas registrales, municipales, aranceles u otros cobros que cualquier entidad pública exija por la prestación de sus servicios al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal”, cuyo plazo de vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2026.
La futura norma también considera que los gobiernos regionales y gobiernos locales, puedan utilizar los recursos del canon y sobre canon para el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones orientadas a la formalización de predios urbanos ubicadas en sus jurisdicciones.
manifiesto de rechazo al proyecto que genera impunidad ante el vil aprovechamiento de autoridades publicas y dirigentes que se llenaron los bolsillos de miles de soles a costa del trafico de tierras. hasta hoy el poder judicial no sentencia.
el abogado santos pablo agama incide en rechazar el proyecto de formalidad porque genera impunidad ante el vendaval de denuncias por cobros irregulares por permitir la invasión de tierras.
el congresista Edgar Tello plantea la formalización de predios urbanos hasta el 2020 incluso el proceso de formalidad seria con los fondos del canon minero. que desfachatez.
la congresista esmeralda limache anuncia dos proyectos para formalizar las tierras a pesar que su trabajo es de fiscalizar y denunciar actos de corrupción.
