Redacción.- A través de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, se ha declarado ilegal a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculada al etnocacerista Antauro Humala. Esta decisión se tomó tras una demanda presentada por la Fiscalía de la Nación, que argumentaba que la organización promovía actividades antidemocráticas y atentados contra la integridad de las personas.
Los magistrados de la corte suprema ven como una amenaza la inscripción de una organización política que podría generar un clima hostil en la sociedad peruana. Pero resulta algo extraño que la propia fiscalía de la nación de oficio determine una denuncia contra un proyecto político se diría que es injerencia o un abuso, cuando la única institución declarada para anular la inscripción de una organización política es el jurado nacional de elecciones. Según los expertos en política la propuesta de Antauro es de preocupación para quienes generaron un escándalo en la vida democrática del país, la sucesión de Dina Boluarte al poder tras el derrocamiento a Pedro Castillo y las muertes, abusos y atropellos surgidos en ese proceso junto al actuar del congreso y los estamentos del estado son ingredientes para que el votante de las próximas elecciones apueste por una propuesta radical y en ese panorama encaja el mayor (e) Antauro Humala.
El tribunal dictó la disolución del partido y la anulación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, se ordenó el cierre de sus sedes partidarias y se prohibió su reinscripción en la organización.
“El tribunal precisó que una vez que quede firme la decisión, esta tendrá los siguientes efectos: la cancelación de la inscripción de la referida organización política, el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de su reinscripción en el Registro de Organizaciones”, se lee en la publicación.
En la publicación se detalla que la decisión fue tomada por mayoría de votos de los integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
“Asimismo, declaró improcedente el pedido para que se declare la inhabilitación (como sanción jurisdiccional de carácter político) a los ciudadanos que integran la cadena de mando responsable, por la conducta antidemocrática cometida por la organización demandada”, se lee.
