Redacción.- La proliferación de políticas y prácticas autoritarias contra la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica configuraron un retroceso global de los derechos humanos en 2024. Gobiernos de todo el mundo trataron de eludir la rendición de cuentas, afianzar su poder e infundir miedo censurando medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONG y partidos políticos, y criminalizando a defensores y defensoras de los derechos humanos, personas que se manifestaban en solidaridad con Gaza y otras voces discrepantes, documenta el informe anual de Amnistía Internacional La situación de los derechos humanos en el mundo.
1.- En el Perú, avanzaron los proyectos para restringir el rol de las organizaciones no gubernamentales y reducir el espacio cívico, iniciativas que se concretaron en abril de 2025 con la promulgación de la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). En una tendencia hacia prácticas autoritarias que cierran el espacio a voces críticas en el país, esta norma propone un control indebido al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con financiamiento exterior, y atenta contra la libertad de expresión y el acceso a la justicia de cientos de víctimas en Perú, al limitar el uso de recursos de la cooperación para la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
2.- Es preocupante que en Perú sigan avanzando normas que, en lugar de buscar garantizar los derechos humanos y responder a las necesidades urgentes de la población, apunten por la censura, el control indebido, y la sanción a las voces disidentes. En 2024 hemos podido ver el deterioro de los derechos y un avance peligroso de prácticas autoritarias que afectan también el trabajo de la prensa, pero lo más grave, es que el derecho al acceso a la justicia, y el derecho de peruanos y peruanas a cuestionar el poder, la corrupción y la violencia, será cada vez más complejo”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
3.- En la misma línea, la aprobación de la ley 32107, que entró en vigor en agosto de 2024, y que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002, es un mensaje de tolerancia hacia la impunidad. “Miles de familias de víctimas del periodo de violencia y de diferentes violaciones de derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas o tortura, continúan esperando justicia. El mensaje que se otorga desde el Estado con esta norma es de tolerancia a la impunidad”, señaló Marina Navarro.
A pesar de los altos índices de violencia sexual y machista, con 162 feminicidios y 8.416 niñas y adolescentes víctimas de violación sexual en 2024, las autoridades siguieron impulsando el cierre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y se siguió obstaculizando el derecho al aborto terapéutico. Además, la discriminación contra las personas LGTBI persistió y se evidenció, incluso, desde las políticas de Estado cuando se declaró el “transexualismo” como problema de salud mental, y con la aprobación, en 2025, de una ley que restringe el acceso a servicios sanitarios de acuerdo al sexo biológico, y que vincula peligrosamente identidad de género con situaciones de peligro para menores de edad.
“Nos preocupa que, bajo sesgos morales y religiosos, y bajo premisas de protección de la familia, de los valores, de la vida, sigan avanzando normas que no responden a las violencias que enfrentan niñas y mujeres día a día en el país. Además, que se refuercen narrativas discriminatorias y estigmatizantes hacia personas de la comunidad LGTBIQ. Es una tendencia normativa contraria a los derechos humanos que se ve reforzada por discursos oficiales. Esta tendencia, sumamente peligrosa, debe cambiar, pues de lo contrario se seguirán agudizando las violencias que documentamos año a año” advirtió Marina Navarro. Amnistía Internacional.
