Redacción.- El Estado peruano aprobó, a inicios del 2025, la Ley 32301 que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Mediante esta ley se habilitaron medidas que permiten un control indebido sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en Perú que reciben financiamiento de cooperación internacional, abriendo la puerta a restricciones injustificadas, arbitrariedad y censura.
Las autoridades peruanas quieren acallar a la sociedad civil, creando barreras burocráticas para el libre ejercicio de la libertad de expresión y de asociación, imponiendo la necesidad de aprobación previa de los proyectos y programas de las organizaciones de la sociedad civil por parte del estado. Así se crea un sistema de control que reduce significativamente el espacio cívico, esencial para la participación ciudadana, la rendición de cuentas del Estado, y el acceso a la justicia de las víctimas.
La ley atenta el acceso a la justicia de las víctimas de diferentes vulneraciones de derechos en Perú, pues considera como falta grave el uso de fondos de cooperación para solventar procesos judiciales y administrativos contra el Estado, lo cual generará más impunidad y que las víctimas no puedan iniciar y continuar procesos largos y costosos ante situaciones de represión estatal, contaminación ambiental, daños a la salud y violencia machista
Por ello, instamos a a las autoridades a:
- Derogar esta norma, por ser contraria a los derechos humanos.
- Respetar los tratados internacionales de derechos humanos de los que Perú es Estado Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la libertad de asociación y de expresión, y el derecho a participar en los asuntos públicos. Amnistía internacional.
