Redacción.- Tras el fracaso del proceso del reinfo y demás intentos de formalizar a la minería informal o ilegal, el gobierno de la señora Dina Boluarte emitió el Decreto Supremo 003-2025, que establece la implementación de la estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en el Perú al 2030, dichas medidas van desde intervención, incautación, denuncias y detenciones con todo el peso de la ley sin derecho a defensa por tener el calificativo de organización criminal.
La fundamentación de la propuesta estuvo a cargo del Ministerio del Interior (Mininter) en coordinación con otras entidades del Estado. La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, tiene como objetivo general fortalecer la lucha contra la cadena delictiva de la minería ilegal a nivel nacional, a través de un trabajo articulado, eficaz y sostenible.
Para ello, se han dispuesto los siguientes objetivos específicos:
- Reducir las actividades ilegales de explotación del mineralsin autorización estatal a nivel nacional.
- Reducir la venta, compra, transporte y almacenamientode hidrocarburos, maquinarias, motores, explosivos y otros materiales destinados a la minería ilegal.
- Incrementar las acciones de control, regulación, fiscalización e intervención sobre el procesamiento de minerales en las plantas de beneficio y en zonas no permitidas.
- Incrementar las acciones de fiscalización y sanciónsobre el uso de guías de remisión por parte de los mineros informales y realizar la depuración del registro integral de formalización minera.
- Reducir la comercialización de minerales de origen ilegal.
- Incrementar las investigaciones a organizaciones criminalesa través del sistema de justicia de crimen organizado y extinción de dominio.
En tal sentido, las instituciones del Estado involucradas en la implementación de la estrategia deben presentar planes de acción específicos, y gestionar el presupuesto para su ejecución, ante la Comisión multisectorial de naturaleza permanente.
La comisión multisectorial, junto al Mininter, estará a cargo del seguimiento y monitoreo de las acciones ejecutadas en el marco de la estrategia, cuyo financiamiento se realizará con el presupuesto institucional aprobado de los pliegos involucrados, conforme a las leyes anuales de presupuesto.
El dispositivo legal lleva la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte, y es refrendado por el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; y los ministros del Interior, Carlos Malaver; de Defensa, Walter Astudillo; de Energía y Minas, Jorge Montero; del Ambiente, Juan Carlos Castro; y de Economía, Raúl Reyes.
