Redacción.- Un caso inédito se vivió en los fueros judiciales en el Perú en su historial político. Jueces provisionales dictaron sentencia a los imputados Pedro Castillo Terrones (presidente), Betsy Chávez Chino (premier), Willy Huertas y Aníbal Torres (asesor presidencial) y otros 03 que quedaron absueltos. Los magistrados no probaron las pruebas de la conspiración que determino la sanción a los imputados a pesar que la fiscalía nunca determino el delito ni las pruebas si no el de rebelión,
En el marco jurídico diversos especialistas cuestionan la sentencia porque la fiscalía nunca fundamento el delito de conspiración por lo tanto nunca se presentó las pruebas, al no tener este ingrediente entonces como se sentencia por conspiración a la rebelión. Los juristas consultados coinciden en un abuso y una determinación política en un fuero que no supo sostener las pruebas, es una pena que así se sepulte la esperanza de un pueblo que veía que su presidente Pedro Castillo es sentenciado por inspirar el cambio prometido en campaña política.
En el Perú muchos presidentes fueron apresados y sentenciados por corrupción o colusión, pero Pedro Castillo por rebelión, esto revela el pago del precio de querer cambiar las líneas de política del país.
El mismo pueblo que eligió a su presidente luego de ser arrebatado del cargo presidencial tras su captura envestido por la envestidura presidencial, cuestiona el abuso de poder del congreso y las demás instancias que han convertido el país en un desorden y un proceso electoral totalmente cuestionado por el pueblo. Las encuestas y estadísticas arrojan que si mañana fuerna las elecciones Castillo seria nuevamente el presidente y por ello, era necesario sepultarlo políticamente para que se imponga la impunidad ante los hechos de sangre ocurrido tras la sucesión en el mandato de la Sra. Dina Boluarte que desangro al país y polarizándolo de forma extrema.
La Corte Suprema de Perú sentenció al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por conspiración para la rebelión cuando trató de disolver el Congreso opositor de la República y restructurar la justicia el 7 de diciembre de 2022. Con este fallo, Castillo se convierte en el quinto exmandatario peruano condenado a prisión. Al fundamentar la sentencia, la jueza suprema Norma Carbajal señaló que Castillo intentó «suprimir el régimen constitucional» al disolver el Congreso sin seguir los procedimientos legales, lo que configuró un acto inconstitucional.
Por su parte, el presidente de la Sala Penal Especial, José Neyra, afirmó que el exmandatario «intentó huir a la embajada de México» tras su mensaje a la nación aquel siete de diciembre. Según Neyra, el objetivo de Castillo era «buscar impunidad». Previamente, Castillo declaró que tras el mensaje, acudió a la embajada de México buscando protección solo para su familia, no para él, pues su intención era permanecer en Perú. Añadió que le resultaba incomprensible fugarse mientras era custodiado por su propia escolta policial, la cual terminó por entregarlo a las autoridades para su arresto.
La Sala Penal Especial descartó la rebelión plena (que pedía 25 años) porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rechazaron respaldarlo, concluyendo que no hubo un «alzamiento armado efectivo» pero si hubo un intento de hacerlo. Los jueces también aplicaron una inhabilitación de dos años para el ejercicio de cargos públicos. Inicialmente, la Fiscalía de la Nación había solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Sin embargo, su pedido fue modificado. El exjefe de Estado (2021-2022) terminó siendo absuelto de esos cargos.
Varios exfuncionarios también fueron sentenciados: Betssy Chávez (expresidenta del Consejo de Ministros) y Willy Huerta recibieron 11 años, 5 meses y 15 días. Por su parte, el ex premier Aníbal Torres (también expresidente del Consejo de Ministros) fue condenado a 6 años y 8 meses (pena suspendida por su edad avanzada). Al final de la audiencia, mientras era cortado por el juez José Neyra, Castillo solo alcanzó a calificar el proceso como un «juicio político». Afuera del penal Barbadillo (donde cumple prisión) sus simpatizantes lo respaldaron, insistiendo en su inocencia, lo cual ha sido sostenido por el exmandatario desde el inicio del proceso en su contra, a fines de 2022.
Pedro Castillo ya había acumulado 18 meses de prisión preventiva, la cual fue extendida por el Poder Judicial por otros 18 meses en julio de 2024. La prórroga se dictó al considerar que persistía un supuesto «peligro de fuga». Castillo se une a una lista de expresidentes peruanos condenados, que incluye a Alberto Fujimori (25 años), Alejandro Toledo (20 años y 6 meses), Ollanta Humala (15 años) y Martín Vizcarra (14 años). Telesur.
DECLARACIONES DEL ABOGADO HENRY PORTUGAL PEREZ.
DECLARACIONES DEL ABOGADO BENGY ESPINOZA EX ASESOR LEGAL DE PEDRO CASTILLO
