Nacional. – El fiscal supremo Edward Casaverde presentó una imputación por cohecho activo específico contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, y también contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. La acusación se basa en las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, y sostiene que existió un intercambio indebido de cobertura mediática por información reservada en el Caso Cocteles, cuya principal implicada era la presidenta electa Keiko Fujimori. Este giro ocurre pese a que no hay evidencia concreta de dádivas o favores hasta el momento.

La medida penal, que contempla penas de cinco a ocho años de prisión, ha generado alertas sobre la libertad de prensa. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió que criminalizar los vínculos entre reporteros y fuentes judiciales, o la línea editorial de un medio, amenaza un principio básico del periodismo y podría abrir riesgos para cualquier investigación periodística en temas sensibles. La organización pidió al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, descartar las conclusiones que involucran a Gorriti.

Casaverde había archivado la misma investigación en diciembre de 2025 al considerar que los hechos carecían de relevancia penal, pero una instancia superior lo obligó a revisarla tras pedidos de la Procuraduría y un denunciante. En su nuevo informe no detalla hechos nuevos que justifiquen el cambio de posición, aunque reconoce presiones mediáticas previas sin admitir que estas influyeran en su criterio.

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