Redacción. – En tiempos donde el agua escasea y en donde la sociedad de minería no tiene un compromiso formal de aplicar la alta tecnología en materia de extracción, procesamiento y exportación de los productos minerales de nuestro país, el recurso del agua se convierte en un recurso altamente preciado y que el congreso actual no corrige normas que favorecen ampliamente el sector minero y desfavorecen al pueblo.
desde todos los ángulos los agricultores se quejan del proceder del ANA, ALA, CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS Y EL CONSEJO REGIONAL DE CUENCAS por no asegurar el agua, tal como expresa la ley de recursos hídricos de priorizar primero para el consumo humano, luego al sector agrario y después al sector comercial e industrial, en la practica es todo lo contrario, por ello la reacción es evidente de molestia y desazón, mas aun cuando la empresa minera ejecuta proyectos de actualización o ampliación a espaldas de la población que rige en el área de influencia minera.
La reciente autorización otorgada a la empresa minera Souther Perú para la ampliación del proyecto minero de Cuajone, puso en sobresalto a los agricultores del sector de Torata que levaron su queja ante las autoridades nacionales por el recorte de su suministro para el sector agrario, por ello. La autorización para utilizar agua de filtraciones del sector Ichupampa, en la cuenca del río Torata, queda temporalmente paralizada ante cuestionamientos sobre la disponibilidad hídrica y el déficit que afecta a la zona.
La Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña dispuso suspender temporalmente la ejecución de la Resolución Directoral N.º 01193-2026-ANA-AAA.CO, que otorgaba a Southern Perú Copper Corporation una licencia para utilizar hasta 826 243 metros cúbicos de agua al año con fines mineros, procedentes de filtraciones del sector Ichupampa, en la cuenca del río Torata.
La decisión pone en pausa una autorización que ya estaba generando cuestionamientos. El recurso administrativo presentado advierte presuntas irregularidades en la acreditación de disponibilidad hídrica y pone sobre la mesa una preocupación fundamental: ¿cómo se justifica otorgar nuevos derechos de uso de agua cuando la zona enfrenta problemas de déficit hídrico? La suspensión busca impedir que la empresa ejecute la licencia mientras se resuelve el cuestionamiento administrativo. Sin embargo, esta medida todavía no significa la anulación definitiva de la autorización.
El fondo del problema va más allá de una resolución administrativa: está en juego la disponibilidad de un recurso indispensable para la población, la agricultura y las actividades económicas de la cuenca del río Torata. Ahora corresponde que la ANA esclarezca las observaciones, sustente técnicamente la disponibilidad real del recurso y garantice que ninguna autorización comprometa el equilibrio hídrico de la zona. El agua no puede administrarse únicamente desde un escritorio. Las decisiones deben sustentarse en evidencia técnica, transparencia y, sobre todo, en la protección del recurso hídrico y de quienes dependen de él. Informativo Regional Moquegua.
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