Redacción.- Al parecer todo fue un calculo para inducir al congreso a un error, al parecer el congreso piso el palito, pero actuaron en una contra ofensiva con la policía y fiscalía a la cabeza. Detuvieron a un presidente en ejercicio y un congreso que atropello el derecho a la investidura presidencial. Los grandes traidores la bancada que llevo a su líder a la presidencia de la republica bajo el amparo de Perú libre, lo irónico esta frase Perú libre revela que en el Perú de hoy todos hacen lo que mejor les parece una liberación total con un saldo lamentable de muerte y desorden en todos los extremos.
La fiscalía y el poder judicial hacen el triste papel de llevar un proceso ante la mirada de todos los peruanos y el extranjero, el poder abusa de su condición hasta el punto de exigir el retiro de la corte de derechos humanos. Cientos y miles de vidas humanas pagan con su vida diariamente por los actos de la violencia callejera. Las instituciones castrenses reflejan su vulnerabilidad y su debilidad ante el poder económico y político. Todo poder contrario al sistema debe ser aniquilado parece ser la consigna. Si no veamos a los mineros de ser informales pasaron hacer mineros ilegales.
DE ALGO SIRVIO EL MENSAJE DE PEDRO CASTILLO REVELAR LA DISCRIMINACION, LA DESIGUALDAD Y EL MENOSPRECIO DE LOS GRUPOS DE PODER CONTRA EL PERUANO DE A PIE, SIN DERECHO Y SIN LEY.
El ex premier Aníbal Torres declaró en el juicio oral contra Pedro Castillo que el mensaje del 7 de diciembre no constituía un decreto para cerrar el Congreso, ya que no cumplía con los requisitos del artículo 137 de la Constitución. Durante su intervención, Torres reveló que varios ministros ya estaban enterados desde las 4 a.m. de que se preparaba la vacancia presidencial ese mismo día, información que consta en conversaciones de WhatsApp analizadas por la fiscalía.
El exfuncionario enfatizó que no hubo movilización militar ni preparativos de fuerza durante el mensaje presidencial, elemento clave para configurar el delito de rebelión. Torres calificó como “torticera” la interpretación legal de la fiscalía, recordando que el derecho penal exige estricta subsunción entre los hechos y el tipo penal acusado.
