En el reciente debate de candidatos los manifiestos de uno y otro candidato sobre su lado oscuro fue ventilado mediante la palabra, y es que la inteligencia artificial, los dibujitos, los stremens, youtubers y demás cibernautas convierten a procesados, sentenciados, denunciados, ex convictos como angelitos y estos con toda la concha se la creen porque de seguro pagan por estas falsas caretas que hoy distorsionan la verdad. Verdad que parece ser como una espada para quien lo difunda. A más de un candidato se le escucho decir que las denuncias van a llover por el solo hecho de revelar el lado oscuro de los hoy intachables sujetos de la política nacional.
El abogado y periodista Jaime Bautista hace referencia del peligro de decir o revelar la verdad de quien hoy se oculta en las herramientas de la virtualidad y así tapando su lado oscuro. La libertad de opinión y de palabra no es un privilegio: es el cimiento de toda democracia. Pretender subordinarla al honor de los poderosos no solo es jurídicamente insostenible, sino políticamente peligroso.
La reciente querella de César Acuña y Wolfgang Grozo contra Fernando Olivera no parece orientada a reparar un agravio, sino a contener una voz incómoda. Es el reflejo de una práctica cada vez más frecuente: confundir la crítica con el delito y la discrepancia con la ofensa. Cuando un político convierte la opinión en materia penal, no fortalece su honor: exhibe su fragilidad. La respuesta democrática a la crítica no es la querella, es el argumento.
Hoy asistimos a una preocupante inversión de valores, donde el poder recurre a los tribunales no para esclarecer la verdad, sino para desalentarla. La escena es conocida: quien no logra responder en el debate, intenta silenciar en el expediente. La democracia no se construye en el silencio, sino en la confrontación abierta de ideas.
Desde el plano jurídico, el desenlace resulta previsible. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consistente: la libertad de expresión goza de una protección reforzada, especialmente cuando se refiere a asuntos de interés público y a figuras políticas, quienes, por su propia exposición, están sujetos a un mayor nivel de escrutinio. No se trata de relativizar el derecho al honor, sino de impedir que este se convierta en un instrumento para restringir el debate democrático.
Quien decide participar en la vida política acepta de manera implícita un estándar más exigente de tolerancia. No hay liderazgo sin crítica, ni representación sin cuestionamiento. Pretender lo contrario es desconocer la esencia misma de la función pública. El poder no otorga inmunidad frente a la palabra; por el contrario, la intensifica.
Es cierto: estas querellas pueden ser admitidas en sede judicial. Pero otra cosa muy distinta es que prosperen. Allí donde el derecho se aplica con rigor, la Constitución y los estándares internacionales operan como un dique frente a cualquier intento de censura encubierta. El Tribunal Constitucional del Perú ha reafirmado esta línea, reconociendo el carácter preferente de la libertad de expresión en el debate público.
El mensaje es claro, aunque incómodo para algunos: en democracia, el honor no puede convertirse en refugio frente a la crítica, ni la justicia en herramienta de intimidación. Porque el verdadero riesgo no está en lo que se dice, sino en aquello que se pretende callar. Cuando la palabra comienza a temerle al poder, lo que está en juego ya no es una querella… sino la propia democracia. Por: Jaime Bautista Aquino
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