Redacción.- El derecho al control ciudadano no puede ser una práctica que, de rienda suelta de asesinato, masacre en contra de sospechosos durante una intervención. El Perú vive una inestabilidad social que el propio presidente de los estados unidos Donald Trum advierte como intolerable, siendo así toda intervención policial y militar en lugares de agitación social el saldo sería lamentable con muertos, heridos, desaparecidos y denunciados. La grosera ley aprobada de amnistía a miembros de las fuerzas armadas es ya una jurisprudencia que es intolerable tras el resquebrajamiento motivado por abusivos oficiales que abusaron y ensañaron contra el pueblo en tiempos de convulsión social.
La reciente promulgación de la Ley de Amnistía por parte de la presidenta Dina Boluarte ha encendido las alarmas en el ámbito político y de derechos humanos, no solo por el impacto que tendrá en casos de graves violaciones a los derechos humanos, sino también por la lectura política que deja entrever un posible blindaje para la propia mandataria frente a futuras investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, señaló el analista político Sergio Tejada.
El también excongresista sostuvo que esta medida favorece a policías y militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales, lo que podría sentar un precedente para que, llegado el momento, Boluarte reciba el mismo trato. “La presidenta espera una retribución cuando enfrente su juzgamiento; un Congreso que hoy la respalda podría brindarle una amnistía para evitar que sea responsabilizada por las muertes en las protestas”, señaló.
Asimismo, precisó que el Ejecutivo y el Congreso han construido una alianza basada en el intercambio de favores políticos: mientras la mandataria promulga leyes que aseguran impunidad a ciertos sectores, el Parlamento archiva las denuncias constitucionales en su contra. “En su gestión, todas las acusaciones relacionadas con la represión de las manifestaciones han terminado bloqueadas por la mayoría congresal”, explicó.
Advirtió, además, que este tipo de medidas debilitan gravemente la institucionalidad democrática y vulneran compromisos internacionales del Perú. También generan un escenario de impunidad que podría consolidarse si, como ya se proyecta, el oficialismo busca controlar a los organismos electorales, cerrando así el cerco de protección política en torno a la presidenta y a quienes la sostienen en el poder.
