Redacción.- Acusaciones y sentencias antojadizas, la policía nacional, la fiscalía y el poder judicial determinan sanciones que atizan más los enfrentamientos entre una sociedad que rechaza al actual régimen de la Sra. Dina Boluarte y las instituciones que la rigen en su periodo, Todos los hechos que ocurrieron tras la convocatoria a la protesta de rechazo al gobierno de turno promovido por la generación Z en el Perú, es responsabilidad estrictamente de las instituciones que deben velar por el orden sin dañar o generar heridas y confrontaciones en la sociedad de hoy, ya demasiada convulsión social se vive en el país al punto del desborde nacional. De acuerdo a las investigaciones promovidas por las detenciones por parte de la policía nacional se conoció que hubo varios detenidos,
El Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud de la Fiscalía, dictó tres meses de prisión preventiva contra Samuel Rodríguez Villa, joven de 21 años que participó en las protestas ciudadanas conocidas como ‘Marchas de la Generación Z’, realizadas el 20 y 21 de septiembre. Rodríguez permanecía detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) desde el domingo 21, y la medida fue dispuesta pese a que su abogado, Rodrigo Noblecilla, presentó pruebas de arraigo que contradecían lo señalado en la investigación policial.
Abuso de autoridad
El joven fue acusado por la PNP de ejercer violencia contra la autoridad. Sin embargo, su defensa alegó que la Fiscalía no acreditó adecuadamente el peligro de fuga. Noblecilla sostuvo que la prisión preventiva se dictó ignorando los argumentos que demostraban que el joven no tenía posibilidad de escapar. “Se ha enviado a Samuel a prisión, pese a que el Decreto Legislativo 1585 aplicado en su momento a Kenji Fujimori para concederle arresto domiciliario señala que la pena efectiva debe ser excepcional y reservada para delitos graves con sanciones mayores a diez años. En otras palabras, quienes sobornan, saquean y dañan al país desde hace décadas reciben un trato con guantes de seda, mientras a un joven de apenas 21 años se le impone prisión preventiva no una sentencia como escarmiento, dirigido tanto a los manifestantes en general como a la llamada generación Z en particular”, publicó el letrado en su cuenta de Facebook.
El abogado también compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un informe médico del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en el que se certifica que Rodríguez presenta lesiones traumáticas corporales. Según Noblecilla, estas habrían sido ocasionadas por la represión policial ejercida en su contra.
La justicia sentencia con rigidez el delito común
Durante las protestas del sábado 20 de septiembre, Samuel Rodríguez resultó herido al recibir un perdigón en la mano, según relató su compañera Mireya Carhuas a La República. La herida fue atendida en el momento por brigadistas que apoyaban la movilización. Sin embargo, la lesión se agravó: “Su ampolla estaba llena de agua. Le pusieron crema, pero creció mucho más”, contó Carhuas.
Amigos y allegados del joven señalaron que en las manifestaciones suele cumplir un rol de apoyo, especialmente en favor de las mujeres participantes. Su presencia en las marchas, explicaron, responde tanto a un compromiso personal como a la intención de proteger a quienes son más vulnerables frente a la violencia policial.
De acuerdo con el testimonio de Carhuas, durante los enfrentamientos del domingo 21 de septiembre un agente policial quedó herido en el suelo, y Samuel, junto a otras dos personas, acudió a auxiliarlo. “Samuel ayudó al policía, lo cargó en sus brazos y lo llevó donde estaban los demás efectivos porque él es así, una persona muy solidaria con todos. Incluso se enfrentó a los manifestantes”, relató.
Carhuas añadió que Rodríguez intentó defenderse de un agente que lo agredía. La testigo denunció que la represión fue desproporcionada y con un claro objetivo de amedrentamiento. “Era uno más que nos estaba reprimiendo y lastimando a todos. Esta vez la Policía ha tenido intención de aterrorizarnos”, expresó. Fuente base la republica.
